Misión de la ONU denuncia crímenes de lesa humanidad y persecución sistemática por parte del gobierno de Nicolás Maduro

La Misión de Establecimiento de los Hechos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se comunicó sobre Venezuela acusando al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad y llevar a cabo una persecución sistemática contra la oposición y la sociedad civil. En su informe, los expertos señalaron una intensificación del aparato represivo estatal, advirtiendo que la represión actual no es aislada, sino parte de un plan coordinado para silenciar a los disidentes y consolidar el control del gobierno. El reporte también destacó un deterioro sin precedentes del Estado de derecho tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La Misión de la ONU, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas e integrada por el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina Patricia Tappatá, reveló que Venezuela está experimentando una intensificación en la represión estatal, que ha alcanzado niveles alarmantes. Según el informe, la represión reciente, caracterizada por su intensidad y sistematicidad, representa un ataque grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, agravando la crisis política y humanitaria del país.

“El aparato del régimen de Maduro se ha centrado en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica. Las acciones represivas no son eventos aislados, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir cualquier pensamiento crítico a la narrativa oficial”, señaló Valiñas. Entre las acciones documentadas figuran 48 detenciones entre diciembre y marzo bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto dirigidas no solo contra activistas y opositores políticos, sino también contra periodistas y militares.

La Misión denunció que las autoridades públicas ya no intentan mantener la apariencia de independencia judicial, lo que deja a la ciudadanía desprotegida ante un sistema arbitrario que ha socavado el debido proceso. El informe también documenta 25 muertes durante las protestas, en su mayoría de jóvenes menores de 30 años de barrios populares.

Valiñas destacó que esta situación no debe normalizarse, e instó a la comunidad internacional a seguir apoyando a los defensores de derechos humanos y organizaciones civiles dentro de Venezuela. “Las detenciones masivas, arbitrarias y los actos de tortura deben cesar de inmediato”, subrayó.

Por su parte, Francisco Cox, miembro de la misión, advirtió que el gobierno de Maduro ha orquestado una respuesta represiva mediante fuerzas de seguridad y grupos armados civiles, lo que ha resultado en un nivel de violencia sin precedentes, especialmente tras las elecciones del 28 de julio. Cox también alertó sobre el uso sistemático de la detención arbitraria como mecanismo para reprimir a la disidencia, señalando que muchas de las víctimas han sido menores de edad, algunos de ellos con discapacidades.

 Patricia Tappatá concluyó que el gobierno ha implementado una política represiva dirigida contra quienes critican o cuestionan a los mandatarios, instaurando un clima de temor generalizado entre la población.

La Misión finalizó advirtiendo que, aunque no hay señales claras de una nueva oleada migratoria, la situación política y humanitaria en Venezuela podría empeorar aún más si no cesa la represión. La comunidad internacional deberá estar atenta a las consecuencias que esta intensificación represiva podría tener para la región.